Las Protestas Contra la Corrupción en Uganda Enfrentan una Rápida Acción Policial

En una tensa muestra de disturbios civiles y respuesta gubernamental, la capital de Uganda, Kampala, fue testigo el martes de una importante represión contra los manifestantes anticorrupción. Las manifestaciones, organizadas principalmente a través de las redes sociales bajo el hashtag #StopCorruption, vieron a decenas de participantes detenidos por la policía y con fuerzas militares desplegadas en toda la ciudad.

Chapter Four Uganda, una destacada organización de derechos humanos que brinda asistencia legal a los arrestados, informó que al menos 45 personas fueron detenidas durante las protestas. Los manifestantes, muchos de los cuales forman parte de la considerable población juvenil de Uganda, expresaron su frustración con lo que perciben como una corrupción endémica dentro del gobierno.

Las protestas se produjeron tras las recientes acusaciones de corrupción contra varios diputados del gobierno y un escándalo de corrupción que involucra a la Presidenta del Parlamento, Anita Among, quien fue recientemente sancionada por el Reino Unido. Los manifestantes pidieron la renuncia de Among, con algunos vistiendo camisetas con el mensaje "La Presidenta Debe Renunciar."

A pesar de la naturaleza pacífica de las manifestaciones, las autoridades habían prohibido las reuniones, citando preocupaciones sobre la seguridad pública. El portavoz de la policía, Kituuma Rusoke, declaró que no permitirían una manifestación que pusiera en riesgo la paz y la seguridad del país. Esta postura fue respaldada por el Presidente Yoweri Museveni, quien había advertido durante el fin de semana que los manifestantes estaban "jugando con fuego."

La respuesta contundente a las protestas atrajo críticas de observadores de derechos humanos. Oryem Nyeko, investigador de Human Rights Watch Uganda, condenó los arrestos, afirmando que eran "un reflejo del estado actual de respeto a esos derechos en Uganda."

Las escenas en Kampala el martes fueron descritas por algunos como reminiscencias de una "zona de guerra," con bloqueos de carreteras custodiados por policías con equipo antidisturbios y oficiales vestidos con camuflaje restringiendo el acceso al edificio del Parlamento y áreas circundantes. Las medidas de seguridad intensificadas causaron una gran interrupción en los negocios locales y para los viajeros.

Entre los detenidos, al menos cinco han sido acusados y mantenidos en custodia hasta el 30 de julio. Las acusaciones incluyen ser un "molestador común" y "ocioso y desordenado," según documentos oficiales vistos por Reuters.

A pesar de los riesgos, muchos manifestantes se mantuvieron firmes en su causa. Samson Kiriya, uno de los manifestantes arrestados, gritó desde una camioneta policial, "Estamos cansados de la corrupción. Kampala es la capital de los baches. Es por la corrupción." Este sentimiento fue secundado por el abogado de derechos humanos Ezra Rwashande, quien declaró, "Estamos aquí para demostrar que no es la policía la que tiene el poder, sino la constitución. No vamos a ceder hasta que saquemos a los corruptos del cargo."

Las protestas destacan la creciente frustración entre la juventud de Uganda, que representa una parte significativa de la población del país. Según los datos del último censo, aproximadamente 15 millones de los 45 millones de ugandeses tienen menos de 35 años.

Los críticos de la administración del Presidente Museveni, que ha estado en el poder durante casi cuatro décadas, lo acusan de no enjuiciar a los funcionarios corruptos de alto rango que son leales políticamente o están relacionados con él. Museveni ha negado consistentemente estas acusaciones, afirmando que cuando existen pruebas suficientes, los culpables, incluidos legisladores y ministros, son enjuiciados.

A medida que las tensiones continúan en aumento en Kampala, los eventos del martes subrayan la compleja relación entre la sociedad civil, la responsabilidad gubernamental y las fuerzas del orden en Uganda. El resultado de estas protestas y la respuesta del gobierno pueden tener implicaciones de gran alcance para el panorama político del país y su enfoque para abordar las acusaciones de corrupción.

La comunidad internacional probablemente observará de cerca cómo se desarrolla esta situación, particularmente a la luz de las recientes sanciones del Reino Unido contra la Presidenta Among. Cómo Uganda navega por este período de agitación y aborda las preocupaciones de sus ciudadanos podría tener un impacto significativo en su posición en el escenario global y en sus relaciones con socios extranjeros.